El panorama del cannabis medicinal en la Argentina, tras la aprobación de la ley.

 

• 05 de abril de 2017

 

En un proceso que hace tan solo 12 meses se veía bastante lejano, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad la ley de cannabis medicinal. La lucha sostenida que madres, padres, organizaciones sociales y científicas comenzaron tiempo atrás en pos de mejorar la calidad de vida de personas con diferentes enfermedades, comienza a pisar suelo firme, pero con interrogantes renovados. Gastón Barreto, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN e integrante de CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), intentó entre tanto humo, dispersar varias de las dudas sobre el tema.

En términos generales, los aspectos más destacados de la ley aprobada el 29 de marzo apuntan al desarrollo de la investigación con fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados en la terapéutica humana; a la producción nacional de sustancias; y a la ampliación de las importaciones para las personas que requieran aceite de cannabis, ya comerciable en otros países.

En este sentido, el actual secretario de Extensión de la FIO considera que es un momento estratégico para la universidad argentina, y particularmente para la UNICEN, que el sábado pasado organizó su primera jornada institucional sobre Cannabis Medicinal. “Tenemos recursos para cubrir todos los aspectos que el tema contempla. Estamos trabajando con antropólogos, con profesionales de Salud, en Azul tenemos la pata legal, la Facultad de Agronomía. Hay voluntades para que la UNICEN sea referencial y necesitamos gente que se quiera sumar”, señaló Barreto. Pero, ¿por dónde se empieza?.

La autoridad de aplicación estará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, y desde este ámbito, lo hará a través del CONICET y el INTA. “Las investigaciones científicas se van a orientar a la obtención de un producto clínicamente aceptado y homologado para llevar al mercado, cosa que me parece sumamente difícil de lograr en el país”, opinó el doctor en Química. “Para mi no hay ningún desafío ingenieril ni analítico en obtener el producto, creo que otros países lo han transitado. El desafío está en saber en qué producto vamos a enfocarnos, porque si hacemos una reducción del análisis diciendo que es el cannabis, en singular, estamos al horno ya que hay cientos de genotipos distintos, que actúan sobre distintas patologías".

El punto de partida

¿Qué genotipo va a elegir el Estado para analizar? “Esa es la primera pregunta que a mi parecer se debe resolver. Ojalá que en esas instancias de discusión que tiene que llevar adelante el Estado llamen a las comisiones asesoras, gente que sepa de cannabis, como las ONG’s, las asociaciones de cultivadores porque lo medicinal debe estar estandarizado”, expresó. Por eso, el autocultivo quedó fuera de la reglamentación votada. “Entendemos que por ahora no es una solución, atendiendo que los estándares de cultivo que deben respetarse para tener una homogeneidad en los resultados, son muy estrictos. Los bancos de semillas de referencia, como la holandesa Bedrocan, son casi los únicos que logran estandarizar el producto final que tienen. Y tienen un sistema recontra cerrado para no afectar el cultivo”, aseguró.

Hay un montón de cosas que tenemos que analizar –consideró Barreto - que no hacen tan fácil la instrumentación de esta ley. Mientras, seguramente las asociaciones de padres y cannabicultores continuarán produciendo el aceite de forma casera, “ya que la problemática social sigue estando tan latente como el martes pasado”.

¿Tenemos las capacidades en el país para poder hacerlo? ¿Cuánto tiempo implicaría cada uno de los análisis? “Yo no soy muy optimista en los tiempos que se van a llevar adelante con la normativa, y tengo miedo de que si vamos muy rápido nos equivoquemos. Eso es lo que digo, para hacer algo serio de producción nacional hay que pensar un gran espectro de posibilidades y eso lleva tiempo”, sostuvo el químico, “mientras tanto hay que ver como se instrumenta la ampliación de las importaciones que contempla la ley, porque el Estado se tiene que hacer cargo de garantizar la medicación”.

Actualmente, el cromatógrafo que la Facultad de Ingeniería de Olavarría tiene en su laboratorio de química está en condiciones de determinar el contenido de cannabinoides en una planta de cannabis. En este sentido, el decano de la FIO, ingeniero Marcelo Spina reafirmó que la institución sostiene la misma postura que cuando CAMEDA presentó sus objetivos en septiembre pasado. “Queremos poner al servicio de esta cadena de valor nuestra participación en cuanto a la responsabilidad, el análisis composicional y la seguridad de los estudios”, dijo el decano. “Queremos poder optimizar los procesos de extracción, de producción y análisis de calidad. Con los equipos que tenemos ya podemos determinar contenidos de canabinoides, y con otros que llegarán podemos hacer aún más, como detectar contaminantes”, señaló.

Hoy, las universidades enmarcan sus investigaciones en Proyectos de Extensión con ONG’s y asociaciones que ya tienen una personería jurídica. Así, se canaliza la entrada de productos cannábicos, y es como la Universidad de La Plata sentó precedente con el trabajo del doctor Marcelo Morante. “Como grupo celebramos la ley, fuimos de las que más la apoyó, ya que hubo cierto resquebrajamiento entre las organizaciones con el tema del autocultivo; entre las que están a favor y en contra”, graficó Gastón Barreto, recién llegado de Jujuy donde disertó en el 1º Seminario del tema, organizado por la Fundación Cannabis Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy. “Fue el primero después de la aprobación de la ley, y ya la escena cambió totalmente”. Sin dudas el escenario seguirá cambiando, y es una oportunidad para que la investigación argentina junto a la universidad pública muestre todo su potencial.